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Menos dinero para combatir pobreza en 2018

  • Moneda y Finanzas/Raúl López Deantes
  • 5 oct 2017
  • 2 Min. de lectura



Nos ha llovido sobre mojado y eso que todavía no vienen las lluvias de la temporada, pero si dos sismos que en dos ocasiones azotaron tanto al centro como al sur del País, en particular las zonas más pobres de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos, pero no solo tendrán que enfrentar esta situación en lo que resta este año, sino que en 2018 tendrán que enfrentar un presupuesto menor para los programas que combaten la pobreza, si es que antes del 15 de noviembre los diputados no corrigen la reducción de 13 programas que considera el CONEVAL para frenar la pobreza en nuestro País con un presupuesto de 180 mil 631 millones de pesos, es decir, una reducción de 3.5% en términos reales para el siguiente año; al que más le pegan es al seguro popular con una reducción de 4.2%, el programa “Prospera” con 4.1% y la pensión de adultos mayores con 3.7%; de los otros 10 programas restantes, 7 tendrán el mismo presupuesto del 2017, dos tendrán reducciones (abasto de leche Liconsa con 1% y el programa nacional de becas con 0.1%, salvo el programa al empleo tendrá un alza de 2.1 en 2018. Los recortes, representan un riesgo de retroceso en los avances contra la pobreza de los años 2014 y 2016, aunado al factor inflacionario de 2017 que está afectando el ingreso real de los hogares en el país con más del 6.6 %, pero si aumenta el presupuesto del apoyo a la función pública y buen gobierno y 17% al de diseño y conducción de la política de desarrollo social cuando no hay en la agenda un nuevo programa social, es decir, se gasta más en administrar los programas sociales que en los beneficios directos a las personas. Este presupuesto tiene deficiencias en materia de sensibilidad social, pero también no hay evidencia concreta de que la política social está ayudando a los pobres a integrarse a los procesos productivos; no sabemos qué tanto los programas influyen en que más gente consiga trabajo. Tampoco hay evidencia de que la política social incida en que más gente se vincule al sector formal, es decir, falta vincular el impacto de los programas sociales con el ingreso real de las personas para salir de la pobreza.




 
 
 

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